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La educación como tal, tiene muchas perspectivas. No sería decir mucho, si no fuera porque el discurso actual sobre este tema en España adolece de una limitación que apenas se concibe comúnmente: la unidireccionalidad de las opiniones que se cruzan –tomándose cada una como visión sobre el todo. Sin embargo, rara vez recae la opinión sobre dimensiones más poliédricas. Hoy quisiera traer aquí un lugar muy evitado: la dimensión constitucional y jurídica del asunto. Pues es la educación un derecho que recoge el título primero de la carta magna española: cuyo sujeto es la universalidad de los ciudadanos, y que también es objeto de la protección jurídica más alta –junto a otras libertades y derechos. Esta democratización, por su amplitud genera tensiones en el sistema –pues su estabilidad y eficacia se resienten, a partir de la demanda individual ejercida de manera no de modo responsable en todo caso. Aspecto que inviste de inestabilidad los estratos diferentes de articulación del sistema educativo: desde la organización general administrativa, al malestar ocasional que se produce en los claustros. De aquí la conveniencia de articular un concepto diversificado del derecho –en función de la opción del individuo, y del amparo global de que deben disponer el sistema y el modelo.

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