Olvidan a veces gobernantes españoles que la costumbre es también una fuente del derecho. Nuestro código civil lo dice sin ambages. Y que el Estado tiene sus fines, entre otros, en la preservación de libertad e igualdad en los ciudadanos que caen bajo su esfera. Sirva para decir que cualquier imposición –prohibición universal o compulsión para admitir determinadas cosas- debe poseer razones objetivas suficientes, defendibles, para superar a las que opone una mayoría que la costumbre ampara. Con respeto mesurado, obvio es, de las posiciones que defienden minorías. Tal sucedió, por ejemplo, con la limitación del consumo del tabaco. Sin que sea legítimo al Estado, y sin mediar determinantes razones, militar por imponer legislación ideológica alternativa. Vaya por la prohibición de espectáculos –como en Cataluña, con los toros-, o la imposición de bañarse con desnudos tales días en piscinas. Tal si fuera cuestión de superfluidad de atavío, y no de un modo de entender la libertad de todos en la exhibición del cuerpo.

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