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Muchos estudiantes saben que, jurídica y políticamente, el Estado no dimana de un deseo colaborativo o afectivo entre comunidades humanas. Antes bien, nace para definir la titularidad, el reparto y ejercicio del poder –de modo asociado inevitablemente a la jurisdicción de un territorio y su control. Después, que ese Estado sea democrático exige que las leyes que lo rigen dimanen, en términos mediados, de la voluntad popular. No es indiferente esta última cuestión, puesto que –como sabemos- la oportunidad, la bondad y la justeza de las leyes no vienen dadas a priori y de antemano por el desarrollo económico de una sociedad. Y así, hay países con leyes mejores, otros mejorables, e insostenibles otros –por lo común. No obstante, y supuesto el Estado de Derecho, su respetabilidad se produce en la medida en que sus leyes –el Estado tiene la fuerza bastante y proporcionada en orden a hacerlas cumplir.

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